Clasificación de contratistas: qué es, cuándo te la piden y cómo conseguirla.

La clasificación de contratistas, también llamada clasificación empresarial, es un reconocimiento oficial de tu solvencia para contratar con el sector público. Dice qué tipo de obras puedes hacer y hasta qué importe.

La ley la organiza en tres niveles (artículo 79 de la Ley 9/2017). El grupo es el tipo general de obra: edificación, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas… El subgrupo concreta la especialidad: por ejemplo, distribución en baja tensión o ventilación, calefacción y climatización. Y la categoría marca el tamaño del contrato al que puedes optar.

La conceden las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado o los órganos equivalentes de las comunidades autónomas, y vale ante cualquier órgano de contratación (artículo 80). No puedes tener a la vez clasificación de obras del Estado y de una comunidad autónoma: elige una. La clasificación queda inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o en el registro autonómico (artículo 96).

Ejemplo: una empresa de climatización clasificada en el subgrupo J2 con categoría 3 puede presentarse sin más pruebas de solvencia a obras de climatización cuya anualidad media no pase de 840.000 euros.

El artículo 77 de la Ley 9/2017 distingue por tipo de contrato e importe:

Por debajo de 500.000 euros no necesitas estar clasificado, pero demostrarás la solvencia en cada licitación con lo que pida el pliego: volumen de negocio, obras, personal técnico, maquinaria…

Además, en el procedimiento abierto simplificado, que se usa en obras de hasta 2.000.000 de euros, los licitadores tienen que estar inscritos en el ROLECE o en el registro autonómico correspondiente en la fecha final de presentación de ofertas (artículo 159). Inscribirse no es lo mismo que clasificarse, pero es el primer paso y conviene tenerlo hecho.

Ejemplo: un electricista que quiere renovar el alumbrado de un polideportivo municipal por 180.000 euros puede licitar sin clasificación. Si el ayuntamiento usa el procedimiento abierto simplificado, tendrá que estar inscrito en el registro de licitadores.

Los grupos y subgrupos de obras están en el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001). Hay grupos de la A a la K. A un instalador le interesan sobre todo estos tres:

La categoría depende de la cuantía del contrato. Si dura un año o menos, se mira el valor estimado. Si dura más, el valor medio anual (artículo 79 de la ley). En la práctica se calcula la anualidad media: el precio total dividido entre los meses de ejecución, multiplicado por 12 (artículo 36 del Real Decreto 1098/2001).

Las categorías las fija el artículo 26 del Real Decreto 1098/2001, en la redacción del Real Decreto 773/2015: categoría 1, hasta 150.000 euros; 2, de más de 150.000 a 360.000; 3, de más de 360.000 a 840.000; 4, de más de 840.000 a 2.400.000; 5, de más de 2.400.000 a 5.000.000; y 6, más de 5.000.000.

Para los grupos I, J y K, las categorías 5 y 6 no se aplican. La máxima es la 4, que cubre cualquier contrato de esos subgrupos de más de 840.000 euros de anualidad media.

Ejemplo: una obra de climatización de 1.200.000 euros que dura 18 meses tiene una anualidad media de 800.000 euros (1.200.000 / 18 × 12). Le corresponde la categoría 3 del subgrupo J2.

Para clasificarte en un subgrupo, el artículo 27 del Real Decreto 1098/2001 pide que demuestres que tienes los medios personales, materiales y técnicos y las habilitaciones necesarias, y además que has ejecutado obras de ese subgrupo en los últimos diez años (o de subgrupos afines o más complejos del mismo grupo). Si no tienes esa experiencia, puedes acreditar medios financieros, personal con experiencia y equipos suficientes.

La categoría se calcula sobre tu experiencia real (artículo 29): el mayor importe anual ejecutado en una obra del subgrupo en el último decenio, o el mayor importe ejecutado en un año en un máximo de seis obras del subgrupo. Sobre esa cifra se aplican mejoras por expansión natural, personal técnico y maquinaria.

La clave son los certificados de buena ejecución: el cliente indica importe, fechas, lugar y que la obra se hizo bien (artículo 88 de la ley). Como subcontratista, pídelo al contratista principal al acabar cada obra.

Ejemplo: una empresa de fontanería que ha hecho en los últimos años la fontanería de tres residencias y un colegio necesita los certificados de esas obras, con importes, para pedir el subgrupo J4. Si las certificaciones mensuales y las actas están ordenadas, el expediente se prepara en días y no en meses.

La clasificación tiene vigencia indefinida mientras se mantengan las condiciones con las que se concedió (artículo 82 de la ley). Pero hay que demostrarlo: cada año, el mantenimiento de la solvencia económica y financiera, y cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional, mediante declaración responsable o documentación actualizada.

Si no presentas esas declaraciones a tiempo, las clasificaciones se suspenden automáticamente y se abre un expediente de revisión. Y si cambian las circunstancias que se tuvieron en cuenta (por ejemplo, pierdes personal técnico o maquinaria), tienes que comunicarlo: no hacerlo es causa de prohibición de contratar.

Ejemplo: una instaladora eléctrica que olvida la declaración anual descubre la suspensión cuando la mesa de contratación revisa su documentación. Apunta las fechas en el calendario.

El artículo 88 de la ley enumera los medios para acreditar la solvencia técnica en obras: obras ejecutadas en los últimos cinco años con certificados de buena ejecución, personal técnico, titulaciones, medidas de gestión medioambiental, plantilla media y maquinaria. El órgano de contratación elige cuáles pide.

El artículo 93 regula los certificados de normas de garantía de la calidad y el 94, los de gestión medioambiental. Cuando en contratos sujetos a regulación armonizada se piden certificados de organismos independientes, deben referirse a sistemas de calidad basados en las normas de la materia (en la práctica, la ISO 9001) y, en medio ambiente, al sistema europeo EMAS u otras normas europeas o internacionales (en la práctica, la ISO 14001). En ambos casos, el órgano de contratación tiene que aceptar certificados equivalentes y otras pruebas de medidas equivalentes.

Resumen: la ISO no sustituye a la clasificación, que es indispensable en obras de 500.000 euros o más. Pero si el pliego pide el certificado, te ahorra demostrar las medidas de otra forma. Y un sistema ISO bien llevado deja ordenadas las pruebas que piden la clasificación y la solvencia: obras, personal, formación, equipos y proveedores.

Ejemplo: una empresa de protección contra incendios con ISO 9001 e ISO 14001 se presenta a un contrato que pide certificados de calidad y gestión ambiental. Aporta los certificados y, además, saca del sistema la lista de obras con sus certificados de buena ejecución.

El artículo 36 del Real Decreto 1098/2001 permite que el pliego obligue al contratista principal a subcontratar ciertas partes de la obra, como determinadas instalaciones, con empresas clasificadas en el subgrupo correspondiente, si él no lo está. Esas partes no pueden pasar del 50 % del precio del contrato.

Es una oportunidad: una constructora que gana una obra grande puede necesitar un subcontratista clasificado en I6 o J2. Y cada obra con su certificado suma experiencia para subir de categoría.

Ejemplo: una constructora gana la reforma de un centro de salud y el pliego exige que la climatización la haga una empresa clasificada en J2. La instaladora clasificada entra en la obra, lleva su parte en el libro de subcontratación y cobra por certificaciones de obra.

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